Ni siquiera las máscaras pueden evitar el olor a podrido que se está expandiendo por todo nuestro país. Un día sí y otro también nos desayunamos con citas judiciales, condenas, entradas en la cárcel, sospechas de fraude y otras lindezas por el estilo. Y siempre, o al menos en muchos casos, hay personajes públicos detrás. Parece que se nos ha olvidado que las personas públicas tienen que ser ejemplares en el manejo del dinero de los ciudadanos, ajustar su comportamiento a la ley y actuar con el máximo escrúpulo. Como dice el aforismo “La mujer del César, además de honrada, tiene que parecerlo”

¿Qué pasó con la tan cacareada Ley de Transparencia? Si, ésa que prometió el actual Presidente que haría “nada más llegar al Gobierno”. Han pasado más de dos años, y al parecer todavía se sigue trabajando (es un decir), en el esquema del borrador del anteproyecto. O sea, nada. Nos tememos que será otra ocasión perdida, cuando no un parche, en el que el chalaneo y el tocomocho político serán la base sobre la que se asiente el texto futuro, si es que llega a ver la luz.

Es imprescindible una ley, llámese como se llame, que obligue a cualquier persona pública, a los ciudadanos privados ya se les obliga bajo la amenaza de la ley, para que cuando haya una sombra de sospecha, acuda inmediatamente a rendir cuentas ante los tribunales sin necesidad de citación judicial. Es una forma de acelerar y de dejar clara la honradez de los personajes públicos. Cualquier persona pública sobre la que recaiga el mínimo recelo, debe acudir voluntariamente y sin que el juez lo cite, a prestar declaración ante la justicia.

No estaría mal que la deseada ley habilitara la posibilidad de que, cuando una persona sea requerida por la justicia para que rinda cuentas de un comportamiento supuestamente ilícito, le sean retirados de forma provisional los privilegios, el aforamiento o como quiera llamarse, para que comparezca, en las mismas condiciones que cualquier ciudadano, ante la justicia y además con toda la celeridad, sin por ello perder, en tanto no se demuestre su culpabilidad, el cargo público o la condición política que tenga.

Son muchos los casos de corrupción o de supuestas irregularidades en los que se manejan nombres de personajes ligados a lo público o desempeñando un cargo político. Los que estén aforados (diputados, senadores, ministros, presidentes de gobierno, etc.) darían un buen ejemplo renunciando a privilegios que no tienen los ciudadanos comunes.

Para que el buen nombre de la clase política no esté en entredicho, todos los que forman parte de la vida pública deben poner el máximo empeño en aclarar cada caso de corruptela. Si no lo hace la mayoría parlamentaria, la oposición debería utilizar los mecanismos adecuados, que existen actualmente, para interponer denuncia ante los tribunales ya que es la única forma de que sean obligados a declarar los corruptos. Si alguien no tiene nada que ocultar, nada tiene que temer y por tanto, cuanto antes se aclaren los temas, antes quedara todo limpio y reluciente.

La política española necesita regenerarse y soltar el lastre que suponen estos sujetos indeseables, una minoría, que se sirven de la política para llenar sus bolsillos en lugar de servir a la política, es decir a los ciudadanos.

Mucha culpa, por no cumplir objetivamente con su cometido, la tienen los medios de comunicación. Constantemente están en la palestra, porque lo merecen, los Sindicatos acusados de corrupción, de utilización irregular de fondos públicos, de banquetes pagados con dineros destinados a cursos, etc. Olvidan, y la reiteración en los olvidos hace pensar mal, que los empresarios también reciben dineros públicos. Es más pasan como sobre puntillas cuando han informado que uno, el anterior presidente de la CEOE, está en la cárcel y que el Presidente de la CEA (CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA) ha sido obligado a dimitir. Los periodistas, tan aficionados a levantar alfombras, deberían investigar estos casos y aclarar todo por el interés público del que son tan defensores.

Llegará un momento en que los ciudadanos nos hartemos y reaccionemos. Luego no habrá lugar para lamentaciones de la clase política y no serán los ciudadanos los que carguen con culpas de una clase que no está dispuesta a renunciar al derecho de pernada, dicho sea en términos figurados.

Las personas honradas tienen la obligación y el deber de desenmascarar a los corruptos. Y el grueso de los hombres y mujeres que se dedican a la política son decentes y honestos. Al menos en tanto no se demuestre lo contrario. Desde aquí somos los primeros en respetar, porque así lo creemos, que la mayoría, la inmensa mayoría de los políticos, son personas íntegras que merecen todo nuestro respeto.